Entre las 300 derogaciones que firmó a través de un DNU el presidente Javier Milei, se encuentran las que anulan la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.
Según el mandatario, el decreto lanzado el miércoles pasado es “un primer paso para terminar con el modelo de la decadencia” que, desde su punto de vista, permitirá “comenzar a destrabar este andamiaje jurídico opresor que ha destruido nuestro país”.
En el capitulo del decreto que describe la desregulacion de distintos sectores economicos, explica que “quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.
En este marco, figura la anulación de la Ley de Abastecimiento “para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos”.
La normativa fue sancionada en junio de 1974 durante el tercer mandato del general Juan Domingo Perón y habilita al Estado a intervenir en los mercados, fijar precios máximos y, eventualmente, sancionar a las empresas cuando lo considere necesario.
También se encuentra la derogación de la Ley de Góndolas “para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos”.
De acuerdo al texto de la normativa sancionada en 2020, el objetivo de esa ley es “contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores”.
Además, establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor; exige que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios; que las micro y pequeñas empresas cuenten al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos; y que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tengan al menos un 5% de espacio.
Milei confirmó también que se eliminará el rol del Observatorio de Precios, que hasta ahora se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Economía, con el fin de “evitar la persecución de las empresas”.
El Observatorio fue creado en 2022 por el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en cumplimiento de la ley 26.992 sancionada en 2014. Se trata de un organismo que, de acuerdo a su propia definición, “tiene el objetivo de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación”.