El Gobierno de San Luis firmó este lunes un acuerdo con el Ministerio Público de la Defensa (MPD) que permitirá que los adjudicatarios de viviendas sociales que tienen un ingreso que no supera los dos sueldos mínimos, vitales y móviles puedan contar con el asesoramiento gratuito de ese organismo judicial para hacer la declaratoria de herederos y/o las declaraciones de muerte, trámites indispensables para poder sumarse al programa ‘Escriturá tu Casa’.
La firma se realizó en el despacho del gobernador Claudio Poggi, y participaron el defensor general de la Provincia, Gastón Pascuarelli; el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini; el director provincial de Vivienda y Regularización Dominial, Hugo Rossi; y la secretaría de Legal y Técnica, Fabiana Zárate. De este modo, dijo Rossi, la Provincia consolida su decisión política de apoyar a los sanluiseños para transformarlos en dueños de sus viviendas.
“El MPD no solo tiene a cargo la defensa penal sino que también debe generar líneas de abordaje interinstitucional para facilitar el acceso a la Justicia, en esta oportunidad en relación a los trámites para culminar lo que trabaja el Poder Ejecutivo en cuanto al plan de titulación, para posibilitar esta cuestión en cuanto a la declaratoria de herederos y trámites sucesorios, conforme se va a hacer también con los colegios de abogados de la provincia”, resumió Pascuarelli.
“Es clave generar estas líneas de trabajo interinstitucional en beneficio de la persona vulnerable, que tiene limitaciones económicas para llevar adelante este plan. Los ciudadanos que tienen la vivienda social, para completar el plan de escrituración que lleva adelante el Ejecutivo, necesitan de la declaratoria de herederos, que es un proceso que se realiza en un juzgado básicamente. El MPD tiene patrocinio gratuito para esas personas”, dijo el funcionario judicial.
Este acuerdo se suma a los ya celebrados por la provincia con otros organismos, como los colegios de abogados de las tres Circunscripciones Judiciales (San Luis, Villa Mercedes y Concarán), y los colegios de escribanos y de agrimensores de la provincia, detalló Rossi.
“Una de las patas de estos trámites de escrituración es la declaratoria de herederos. Hay familias que necesitan hacer la escrituración de su casa y ha fallecido el titular adjudicatario de esa vivienda y requieren hacer el juicio sucesorio y, por una cuestión de costo, les es inaccesible”, explicó Rossi.
La semana pasada se suscribió un convenio específico con la entidad que agrupa a los abogados, que beneficiará a los ciudadanos cuyo ingreso supera los dos sueldos mínimos vitales y móviles y les permitirá hacer la declaratoria de herederos por un arancel módico. Los honorarios mínimos para ese trámite rondan los $1.600.000. Mediante este acuerdo, se estableció un costo de aproximadamente un tercio de ese monto, es decir, $500 mil, que, además, se puede abonar en 10 cuotas consecutivas de $50 mil, explicó el director de Vivienda.
“Indudablemente, queremos seguir sumando a esta provincia propietarios y los de adjudicatarios, y vamos allanando todos los obstáculos que encontramos e impiden a una familia acceder al título definitivo de propiedad de su vivienda”, cerró.
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¿Quién?
El Gobierno de San Luis, el Ministerio Público de la Defensa (MPD), el gobernador Claudio Poggi, el defensor general de la Provincia Gastón Pascuarelli, el ministro de Desarrollo Humano Gustavo Bertolini, el director provincial de Vivienda y Regularización Dominial Hugo Rossi, y la secretaria de Legal y Técnica Fabiana Zárate.
¿Qué?
Firmaron un acuerdo para facilitar la escrituración de casas sociales y ofrecer asesoramiento gratuito a los adjudicatarios con ingresos que no superen dos sueldos mínimos, vitales y móviles.
¿Cuándo?
El acuerdo se firmó el lunes.
¿Dónde?
La firma tuvo lugar en el despacho del gobernador Claudio Poggi en San Luis.
¿Por qué?
El acuerdo tiene como objetivo facilitar la declaratoria de herederos y las declaraciones de muerte para que los adjudicatarios puedan sumarse al programa ‘Escriturá tu Casa’ y transformar a los sanluiseños en dueños de sus viviendas.
Fuente – ANSL