El veto inminente del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento universitario y el magro presupuesto destinado para el 2025 generó la reacción de las autoridades, gremios y estudiantes, que ya definieron medidas de lucha para esta semana y una movilización masiva para los primeros días de octubre.
Por un lado, los gremios docentes y no docentes convocaron a un paro nacional para el jueves 26 y viernes 27 de septiembre para visibilizar la situación. Y por otro, se está organizando una gran marcha universitaria que intentará replicar la masividad de la primera, que fue el 23 de abril.
El jueves pasado, casi cinco meses después de que decenas de miles de personas se movilizaran en defensa de la educación pública, el Senado sancionó una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, docencia investigación y extensión en las universidades.
Pese a que el impacto fiscal de la medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, es del 0,14% del PBI, el presidente Javier Milei amenaza con vetarla.
Por si fuera poco, en el cálculo presupuestario que presentó el mandatario ante el Congreso, se definió que el Gobierno de La Libertad Avanza destinará $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige $7,2 billones. “Eso es un hecho gravísimo, que significará un retroceso enorme. No se va a cumplir con el 0.2 por ciento del presupuesto que en el 2005 dictó la Ley de educación técnica; no se va a cumplir con el 6 por ciento del PBI que en el 2006 incluye la Ley de financiamiento educativo; ni tampoco se va a cumplir con el 0.45 que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025”, reflexionó Daniel Filmus, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología.
“Pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado y advertimos que hay una diferencia enorme y se explica porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.
Según Moriñigo, “no hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%“.
