El Tribunal de Impugnaciones de San Luis rechazó el recurso de apelación interpuesto por fiscalía y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantías N° 3 de no hacer lugar al desalojo del predio ubicado en Avenida San Roque y Ruta 20, donde un grupo de ambientalistas acampan contra la construcción de la obra “Parque Acueducto Vulpiani”.

En su resolución, el tribunal expresó que de las constancias de la causa “no se extraen mínimamente elementos que pudieren determinar la posible existencia de un delito, no pudiendo la apelante siquiera determinar con precisión de qué delito se trataría, ni pudiendo alegar las conductas que consecuentemente se encontraran tipificadas”.

El tribunal integrado por Laura Molino en la presidencia y Jorge Sabaini Zapata y Yanina Del Viso en las vocalías, respondió así a la apelación presentada por la Fiscalía N° 4 para que se haga lugar al desalojo de un grupo de ambientalistas señalados por la fiscalía de Estado de la provincia por el delito de “usurpación”.

La postura de la Fiscalía se trató en una audiencia el lunes último y en esa oportunidad aclararon que “la situación ambiental no es una cuestión que se haya tratado o pretendido dilucidar en la presente causa” sino la posible comisión de “delitos penales” que los representantes de Fiscalía de Estado caracterizaron como el delito de “usurpación”.

Ante este panorama, Durán explicó al tribunal de Impugnaciones que el 4 de julio, la Unidad de Abordaje Fiscal recibió una denuncia realizada por Sergio Finelli, gerente de la empresa constructora a cargo de la obra, en la que informaba que un grupo de personas había colocado cubiertas y alambres de púa en el predio e impedían el paso.

En la denuncia, Finelli solicitaba, además, que los manifestantes se retirasen del lugar y que se deslindase cualquier responsabilidad por los accidentes que pudiesen ocurrir, “debido a que en el lugar se trabaja con maquinaria pesada y los ambientalistas invaden el espacio de la obra señalizada”.

Télam.