Este 18 de julio se cumplen 31 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita (AMIA), ubicada en Pasteur 633 (Barrio de Once, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
La AMIA es una institución centenaria, cuyos objetivos son promover el bienestar y el desarrollo de la comunidad judía argentina, para asegurar la continuidad de las tradiciones y valores de su pueblo y afianzar el sentido de comunidad. El edificio abrió sus puertas en 1945.
Aquel lunes de julio del año 1994, a las 9:53 de la mañana, un autobomba estalló en la sede. La onda expansiva no solo provocó la demolición total del edificio, sino que además destruyó árboles, carteles, viviendas y negocios que estaban ubicados hasta seis cuadras a la redonda.
El saldo fatal fue de 85 personas muertas y más de 300 heridos, entre los que se encontraban trabajadores de la AMIA, transeúntes, jóvenes, ancianos y personas que estaban en las inmediaciones realizando mandados.
Este atentado fue el sucesor de la destrucción del edificio de la Embajada de Israel en Argentina, ocurrido en marzo de 1992. En aquella oportunidad, murieron 29 personas y hubo 242 heridos.
Entre el 19 y 27 de julio de 1994, otros atentados contra la colectividad se replicaron en el mundo. Entre ellos, un pequeño avión que realizaba un vuelo interno en Panamá estalló en el aire. Murieron las 21 personas a bordo, de las cuales 12 eran judías.
A su vez, un artefacto explosivo estalló frente a la embajada de Israel en Londres, dejando 20 heridos. 24 horas más tarde, otro frente a una organización caritativa judía en el norte de la capital británica dejó cinco personas heridas.
Los sobrevivientes del atentado a la AMIA dijeron que el 18 de julio de 1994 escucharon un fuerte estruendo y luego quedaron envueltos en una nube de polvo y escombros. A partir de allí, el relato del horror: llantos y gritos desgarradores de personas llamando a sus familiares y seres queridos.
Mientras esperaban la llegada de los bomberos y la Policía, cientos de individuos ofrecieron su ayuda, no solo buscando a las víctimas entre las ruinas, sino recuperando libros, documentos y esculturas que simbolizaban la historia material de la memoria de la colectividad judía en Argentina.
Las tareas de rescate se prolongaron durante diez días. En un primer momento, la Justicia de nuestro país le endilgó la responsabilidad del atentado a la organización islámica libanesa Hezbollah, y al gobierno de Irán de aquel entonces. Ambos negaron sus injerencias en los hechos.
A 31 años del atentado, no hay ni un solo condenado. La investigación estuvo caracterizada por las trabas, zonas oscuras y todo tipo de idas y vueltas, que entorpecieron la causa durante el menemismo. El entonces presidente Carlos Menem fue acusado de encubridor, y de haber violado los deberes como funcionario público.
La responsabilidad del exmandatario fue planteada debido al supuesto abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien aparentemente tenía vínculos con la familia Menem.
La primera investigación judicial por el atentado a la AMIA fue encabezada por el juez federal de instrucción Juan José Galeano. Durante los primeros meses -paralelamente, los más importantes-, el proceso estuvo plagado de irregularidades, porque la SIDE participó de la investigación.
Tal es así, que para mediados de 1996, su trabajo aún no había arrojado ningún resultado. Esto incentivó que la agrupación Memoria Activa, conformada tiempo después del atentado, comenzara a reunirse todos los lunes frente al Palacio de Justicia para leer el listado de víctimas y pedir el esclarecimiento del caso.
A fines de 2001, comenzó el juicio contra los policías de Provincia acusados de participar del atentado, teniendo como única prueba la declaración de Telleldín.
Apenas comenzada la gestión del presidente Néstor Kirchner en 2003, un sector de la Secretaría de Inteligencia confesó que varios policías habían sido parte de un soborno vinculado a la investigación. El gobierno decidió relevar a los agentes por decreto.
En 2004, la causa acumulaba más de 100 mil páginas y 1500 carpetas con escuchas. Luego de la remoción del juez Galeano por incompetente, el juicio finalizó con un fallo demoledor del Tribunal Oral Federal 3: a raíz de las múltiples irregularidades durante el proceso investigativo, el dictamen declaró la nulidad.
