Este miércoles, un Tribunal Unipersonal presidido por la Jueza Eugenia Zabala Chacur, del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, no hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria formulado por el Ministerio Público Fiscal en la causa seguida contra Mariano Mourelle, pero dispuso medidas de coerción alternativas que regirán hasta la realización del juicio oral previsto para el próximo año.

El imputado deberá comparecer una vez por mes ante la Fiscalía de Juicio Nº 1 para firmar el libro de imputados, no podrá salir de la provincia sin autorización judicial y tendrá prohibido conducir vehículos automotores.

EL PEDIDO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

El Fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 1, Francisco Assat, solicitó la renovación de la prisión domiciliaria para Mourelle, imputado por la muerte de Jonathan Valera Salazar, ocurrida en diciembre del año pasado en la ciudad de San Luis.

El fiscal recordó que el imputado se encuentra en libertad desde mediados de septiembre, cuando venció la medida de prisión domiciliaria, y que tras ese vencimiento quedó sin restricción alguna. Por tal motivo, el Ministerio Público Fiscal pidió una audiencia para renovar las medidas cautelares conforme al artículo 208 del Código Procesal Penal. El pedido fue presentado el 16 de septiembre, aunque no llegó a ser tratado por el Juzgado de Garantía ya que al día siguiente la causa fue elevada a juicio.

Assat fundamentó su solicitud en la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado al debate, fijado para los días 14, 15 y 16 de octubre de 2026, y de prevenir riesgos procesales y de seguridad. Señaló que Mourelle tiene medios económicos para fugarse y que padece epilepsia con crisis de ausencia, circunstancia que, según la Fiscalía, justifica reforzar las medidas preventivas.

En caso de no concederse la prisión domiciliaria, propuso medidas menos gravosas, como la firma mensual del libro de imputados, la prohibición de salir de la provincia sin autorización y la prohibición de conducir vehículos automotores.

LA QUERELLA ACOMPAÑÓ EL PEDIDO FISCAL

El abogado Martín Ávila, representante de la familia de Jonathan Valera, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal.

Sostuvo que la solicitud no busca una sanción anticipada sino resguardar el proceso, proteger la prueba y garantizar los derechos de la víctima.

Advirtió sobre el riesgo de fuga ante la expectativa de una pena más severa y sobre la necesidad de reforzar las medidas de coerción hasta la fecha del juicio.

LA DEFENSA PIDIÓ EL RECHAZO

El abogado Nedo Gómez, defensor de Mourelle, se opuso a la renovación de la prisión domiciliaria.

Argumentó que la medida sería excesiva y desproporcionada, ya que su defendido tiene arraigo en San Luis, dos hijos menores con problemas de salud acreditados y trabajo estable en una concesionaria local.

Afirmó que no se incorporaron nuevos elementos que justifiquen una restricción mayor y que imponerle la prohibición de conducir sin condena firme implicaría un adelanto de pena.

RESOLUCIÓN

Tras escuchar a las partes, la Jueza Zabala Chacur resolvió no renovar la prisión domiciliaria, pero hizo lugar a las medidas alternativas solicitadas por la Fiscalía.

Explicó que estas disposiciones tienen por finalidad asegurar la sujeción del imputado al proceso y proteger la seguridad pública, sin constituir un castigo anticipado.

Fundamentó su decisión en que no se advierten riesgos procesales que justifiquen una nueva prisión domiciliaria, ya que el imputado recuperó la libertad luego de cumplir con la medida hasta su vencimiento, tiene arraigo en San Luis, retomó su trabajo y tiene a su cargo dos hijos menores de edad. Consideró además que mantener una restricción de esa naturaleza hasta la fecha del juicio, fijada para octubre de 2026, resultaría desproporcionado.

 LOS HECHOS QUE LLEGARÁN A JUICIO

Según la acusación, el 11 de diciembre de 2024, alrededor de las 21:30 horas, Mourelle conducía un Fiat Cronos blanco a alta velocidad por calle Héroes de Malvinas.

En la intersección con calle San Juan embistió desde atrás a Valera, quien esperaba la luz verde del semáforo sobre su bicicleta.

La víctima fue arrastrada por el vehículo, impactó contra un colectivo y falleció en el lugar.

De acuerdo con la Fiscalía, el conductor no detuvo su marcha e intentó huir, colisionando luego con un automóvil estacionado, lo que permitió que transeúntes lo retuvieran hasta la llegada de la policía.

La causa fue inicialmente caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con motor y por haberse dado a la fuga, conforme al artículo 84 bis del Código Penal. Posteriormente, tras la intervención del Procurador General, la calificación se unificó como homicidio simple con dolo eventual, con la que fue elevada a juicio.