La Fiscalía de Género N° 2 de la Primera Circunscripción solicitó una pena de seis años de prisión para un hombre de 39 años, imputado por facilitar, distribuir y almacenar material de abuso sexual infantil. La acusación fiscal fue presentada este viernes tras una extensa investigación iniciada a partir de un reporte recibido el 21 de febrero de 2025 por la Procuración General, que alertó sobre la presencia de archivos multimedia con contenido de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes vinculados a una cuenta digital registrada en la provincia.

En la audiencia de control de acusación realizada ante el Juzgado de Garantía N° 2 de la ciudad de San Luis, la fiscal adjunta Mercedes García expuso que de acuerdo con el informe realizado por profesionales del Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos del Poder Judicial, se pudo determinar la existencia de más de 125 videos y 109 imágenes categorizadas como material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes almacenados en teléfonos celulares, un pendrive y cuentas en plataformas como Google Fotos y Telegram, pertenecientes al imputado. Algunos de los archivos fueron encontrados en una app tipo “calculadora” utilizada para esconder archivos multimedia.

“Además, se verificaron conversaciones en Telegram donde el hombre investigado intercambiaba y solicitaba videos con otros usuarios, a quienes consultaba precios y ofrecía material de contenido similar”, dijo García.

Para la Fiscalía, la conducta del imputado demuestra un interés sistemático y sostenido, con una participación activa en redes para intercambiar imágenes y videos, lo que agrava su responsabilidad penal. La fiscal sostuvo que el acusado no solo almacenaba sino también facilitaba y distribuía el material, “perpetuando el daño de manera indefinida, ya que su difusión se vuelve imparable”.

Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal lo acusó formalmente por los delitos de facilitación y distribución de representaciones de partes genitales de menores de edad con fines sexuales, agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años, en concurso real (arts. 45, 51 y 128 del Código Penal).

La Fiscalía consideró como atenuante la falta de antecedentes condenatorios, pero destacó como agravantes la cantidad de archivos, la planificación y el uso de herramientas para ocultar y compartir el material.

La investigación se inició a raíz de un reporte enviado el 21 de febrero de 2025 por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de EE.UU., organización que recibe alertas de plataformas como Meta, Google y TikTok cuando detectan contenido sospechoso. El informe alertó sobre la presencia de archivos multimedia con contenido de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes vinculados a una cuenta digital registrada en la provincia.

La Fiscalía también recordó que el imputado tiene causas en trámite por abuso sexual en la Fiscalía de Género y advirtió que la tenencia y difusión de material de explotación sexual infantil “no es un delito sin víctima, sino que revictimiza permanentemente a los niños, niñas y adolescentes, dado que cada vez que se visualiza constituye una forma de prolongación del daño”. El imputado fue representado por la abogada Juliana Herrera.

La fiscal García también solicitó la prórroga de la prisión preventiva por 60 días para el imputado de 39 años. La Fiscalía argumentó que existe un grado de sospecha suficiente sobre la responsabilidad del imputado, respaldado por la evidencia digital recopilada durante la investigación, y advirtió sobre el riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, destacó la gravedad de los hechos imputados, la alta expectativa de pena y la existencia de otras dos causas en trámite en la Fiscalía de Género N° 1, también vinculadas a delitos contra la integridad sexual.

El Defensor adjunto de Niñez, Nahuel Lede, adhirió a todo lo expresado por la Fiscalía, tanto en la presentación de la acusación fiscal como en el pedido de la prórroga de preventiva. El funcionario del Ministerio Público de la Defensa señaló que el pedido se fundamenta en la gravedad de los hechos imputados, la existencia de otras causas en trámite por delitos de la misma naturaleza y en los riesgos procesales vigentes, especialmente los de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El funcionario recordó que tanto el Tribunal de Impugnaciones como una reciente resolución del Ministerio Público Fiscal han reconocido que, en casos de este tipo, debe considerarse un mayor nivel de riesgo procesal, particularmente cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, lo que refuerza la necesidad de mantener la medida cautelar vigente.