Durante los últimos dos años, las decisiones de la jueza de Ejecución Penal de Villa Mercedes, Nora Graciela Villegas, despertaron una fuerte polémica y críticas de distintos sectores de la sociedad, ante la concesión de beneficios judiciales a condenados por delitos graves que, en varios casos, terminaron reincidiendo o perjudicando a la comunidad.

Una de las resoluciones más cuestionadas tuvo lugar en marzo de 2025, cuando Villegas otorgó salidas transitorias a un hombre condenado por abuso sexual contra menores que eran sus propios alumnos en un colegio local. La medida, que había sido concedida anteriormente, generó rechazo unánime de fiscales y querellantes por contradecir normas que impiden ese tipo de beneficios a condenados por delitos contra la integridad sexual.

En abril de 2025, un informe reveló que la jueza había autorizado permisos extraordinarios a 11 internos del Servicio Penitenciario de Villa Mercedes, incluidos condenados por homicidio, robo y abuso sexual, y en algunos casos con condenas que se extienden hasta principios de los 2030. Varios de ellos salieron del penal bajo custodia y generaron inquietud social y mediática por el riesgo que esto implicaba.

El historial también incluye episodios anteriores. En agosto de 2024, un interno con antecedentes por robos y abigeatos se fugó de un permiso extraordinario otorgado por Villegas mientras estaba en Villa Mercedes, lo que provocó una búsqueda policial y nuevas críticas sobre el uso de este tipo de beneficios.

Pero la polémica más reciente y grave ocurrió en enero de 2026. La jueza concedió libertad condicional a un condenado por femicidio, que había cumplido más de dos décadas de prisión por asesinar a su novia. Meses después de quedar en libertad, este hombre fue detenido nuevamente acusado de atacar a una menor, que actualmente está hospitalizada. Esta situación volvió a encender el debate sobre la responsabilidad de otorgar beneficios a personas con antecedentes de violencia extrema.

Las decisiones de la jueza Villegas han generado un fuerte malestar público y cuestionamientos sobre criterios, seguridad y la protección de derechos de víctimas y potenciales víctimas. A la espera de pronunciamientos oficiales de la Justicia provincial, estas resoluciones siguen siendo foco de debate y preocupación comunitaria.