Allanamiento por amenazas en escuelas: secuestraron un arma y un celular en San Luis

  • Entrada publicada:23 abril, 2026
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Un importante procedimiento se llevó a cabo este jueves en la ciudad de San Luis, en el marco de la investigación por amenazas en establecimientos educativos. El allanamiento tuvo lugar en el barrio Florencio Navarro, en la zona oeste, y arrojó resultados positivos para la causa.

La investigación, a cargo de la fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf, se originó tras la denuncia realizada por autoridades del Centro Educativo N°3 “Eva Perón”, ubicado en el barrio CGT. Allí, el equipo directivo activó el protocolo correspondiente luego de detectar mensajes intimidatorios y publicaciones alarmantes realizadas por una alumna.

Según consta en el informe policial, una estudiante de 18 años publicó en su estado de WhatsApp la imagen de un arma larga junto a la frase: “Los lleno a tiros a todos juntos, ya fue”. La situación fue advertida por otros alumnos, quienes realizaron capturas y dieron aviso a docentes y directivos.

A raíz de esto, intervino personal policial y se iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar a la joven y su domicilio en el barrio Franklin Lucero. Además, se confirmó que el número telefónico desde el cual se realizó la publicación estaba registrado a nombre de su madre.

Durante el allanamiento, efectivos de la Comisaría Cuarta lograron secuestrar una réplica de arma tipo aire comprimido —que habría sido la exhibida en redes sociales— y un teléfono celular que será peritado para determinar su vinculación directa con las amenazas.

En su declaración, la alumna sostuvo que la imagen había sido generada mediante inteligencia artificial, aunque posteriormente se estableció que el arma pertenecería al entorno familiar.

Pese a la gravedad del hecho, no se registraron personas detenidas hasta el momento. La joven, al ser mayor de edad, quedó supeditada a la causa mientras avanza la investigación.

El caso se encuadra en el artículo 211 del Código Penal Argentino, que contempla el delito de intimidación pública, con penas que van de 2 a 6 años de prisión.

Las autoridades continúan trabajando para determinar el alcance de las amenazas y llevar tranquilidad a la comunidad educativa, en un contexto donde este tipo de situaciones genera creciente preocupación a nivel provincial y nacional.

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