En lo que ya se perfila como la investigación por defraudación de fondos públicos relevante historia de la provincia, una extensa y acalorada audiencia de siete horas dictó medidas clave en la causa que investiga presuntas maniobras delictivas en el complejo Molino Fénix y la Casa de la Música. El juez de garantías, Dr. Santiago Ortiz, ordenó la prisión preventiva para tres de los principales imputados: Anabela Lucero, Enzo Lucero y Ezequiel Scarel. Asimismo, la fiscalía solicitó formalmente el desafuero del diputado provincial Joaquín Beltrán para que también pueda cumplir con esta medida de coerción.

El Dr. Flavio Ávila, abogado de la Fiscalía de Estado que interviene como querellante en la causa, calificó la jornada como “muy ardua” y detalló la gravedad de los hechos imputados, que incluyen administración fraudulenta, asociación ilícita y destrucción de evidencia.

Una estructura destinada al vaciamiento y facturas apócrifas

La hipótesis de la fiscalía apunta a una organización delictiva compleja diseñada para el desvío sistemático de fondos públicos, cuyo monto actualizado asciende a aproximadamente 1.000 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, el complejo Molino Fénix pagó más de 300 millones de pesos a un entramado de siete sociedades que la AFIP tiene catalogadas como “POC” (proveedores de facturas apócrifas). Estas empresas carecen de existencia física real, no tienen empleados, no registran consumo de energía ni poseen la infraestructura necesaria para prestar los servicios millonarios que facturaban.

A esto se suma una maniobra con el libramiento de cheques. De 116 cheques analizados por la justicia, solo cuatro se encontraban en orden. El resto de las órdenes de pago, que por normativa gubernamental debían ser emitidas “no a la orden” para garantizar su trazabilidad, fueron libradas de forma que permitieron ser endosadas y cobradas por terceros, impidiendo saber con precisión  (hasta el momento) quién se quedó con el dinero.

Documentación quemada en un horno de barro

Uno de los puntos más alarmantes de la acusación es la presunta destrucción de evidencia. La fiscalía cuenta con testimonios y entrevistas de personas que ejecutaron y presenciaron la quema de documentación contable dentro de un horno de barro.

Esta maniobra explica por qué el 11 de diciembre de 2023, al asumir las nuevas autoridades del complejo, no se encontró ningún tipo de registro: “Se llevaron, se robaron todo… no existía ni un contrato, ni antecedentes laborales de los empleados, recibos de sueldo, cuestiones impositivas, ni rendiciones de nada”, afirmó el Dr. Ávila.

El futuro del diputado Beltrán y los próximos pasos

Para que el diputado provincial Joaquín Beltrán pueda cumplir la prisión preventiva solicitada por el fiscal Alguín, la Cámara de Diputados deberá tratar su desafuero. Se espera el envío inmediato del oficio judicial al cuerpo legislativo, el cual dispondrá de un plazo de 7 días para resolver, mediante mayoría simple, si suspende y levanta los fueros del legislador.

Por su parte, la justicia ya autorizó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los involucrados para rastrear la triangulación de los fondos. El objetivo principal de la Fiscalía de Estado, además de determinar el monto total del desfalco, es lograr recuperar el dinero sustraído para devolverlo al complejo Molino Fénix.

Escuchá la entrevista completa con el abogado Flavio Ávila en Radio La Bomba