Este jueves por la mañana, familiares y allegados de Fernando Gil se manifestaron en las puertas de los tribunales para exigir justicia, al cumplirse exactamente cinco meses desde que el joven fue encontrado sin vida en las cercanías del Servicio Penitenciario Provincial.
En el marco de esta jornada, se programó una audiencia clave bajo el artículo 208 para definir la situación procesal de los cuatro imputados en la causa. Actualmente, tres hombres cumplen prisión preventiva en el penal y una mujer se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria. Dado que el plazo inicial de 90 días de estas medidas de coerción ha vencido, la querella busca una extensión tanto de la investigación como de las detenciones.
La doctora Soledad Poma de Otaegui, abogada de la familia de la víctima, detalló que solicitarán una prórroga de 120 días para la investigación penal preparatoria y para las medidas de coerción. Según explicó, la investigación se encuentra en su etapa inicial y aún restan producir y analizar pruebas fundamentales, tales como las pericias a teléfonos celulares, la toma de nuevas entrevistas, la captación de registros fílmicos y los resultados de los estudios bioquímicos de los órganos que fueron remitidos a la provincia de Mendoza.
La querella sostiene firmemente la hipótesis del homicidio. “A Fernando lo asesinaron. No tuvieron ningún tipo de piedad sobre él porque nuestra teoría es que a él lo tiraron con vida al agua y es por eso que, como estaba inconsciente, terminaron con su vida”, afirmó la letrada. Asimismo, Poma De Otaegui no descarta que existan más personas involucradas que aún no han sido imputadas en la causa.
Por su parte, Adriana Gil, hermana de Fernando, acompañó el reclamo en tribunales y exigió que los responsables paguen con la pena de prisión perpetua. “Todos los días nos levantamos preguntándonos por qué le hicieron lo que le hicieron, por qué se ensañaron con él de la forma en que lo golpearon”, expresó con dolor, asegurando que en el ataque participó más de una persona. Adriana también apuntó contra un hombre de apellido Soria, señalando que la familia sigue pensando que tuvo participación en el hecho.
Respecto a los actuales detenidos, la hermana de la víctima rechazó las versiones de su supuesta inocencia: “Se les encontró pruebas, por eso están imputados; si no, no estarían acá”. Finalmente, Adriana aprovechó la oportunidad para respaldar el trabajo de su abogada y pedirle disculpas públicas en nombre de su madre por declaraciones previas realizadas en un momento de nerviosismo. La familia confirmó que no ha regresado a la zona donde fue encontrado el cuerpo por temor a sufrir represalias.
Escuchá la entrevista con Soledad Poma de Otaegui, abogada de la familia y Adriana Gil, hermana de la víctima – Móvil Ivan López