El documento establece pautas y criterios para la intervención de las fiscalías en procesos penales seguidos contra adolescentes de entre 14 y 18 años. La Resolución Nº 45-MPF-2026 y el protocolo completo están disponibles en el sitio web del organismo.
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Luis aprobó un Protocolo de Actuación para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de establecer criterios uniformes de actuación para los integrantes del organismo en los procesos penales seguidos contra adolescentes de entre catorce (14) y dieciocho (18) años de edad.
El documento, firmado digitalmente por el Procurador General, Dr. Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, busca asegurar una intervención especializada, respetuosa de los derechos y garantías de los adolescentes y adecuada a los principios propios del régimen penal juvenil.
Los ejes principales del protocolo
El protocolo establece un marco de intervención y articulación institucional en el que cada organismo actúa dentro de sus competencias legales. Al Ministerio Público Fiscal le corresponde dirigir la investigación penal, ejercer la acción penal pública y adoptar o promover las decisiones conforme a los principios de legalidad, mínima intervención y especialidad. El Juez con competencia Penal Juvenil ejerce las funciones jurisdiccionales y puede disponer medidas socioeducativas y de protección. Los organismos del Poder Ejecutivo Provincial y Municipal tienen a su cargo las intervenciones de protección, asistencia y abordaje especializado en materia de niñez, salud, educación y desarrollo social.
Entre los principios rectores que deberán observar los fiscales se encuentran el respeto de la dignidad humana, la especialidad, el principio pro minoris (interpretar siempre a favor del adolescente), la mínima intervención y ultima ratio, la finalidad educativa y resocializadora, la proporcionalidad, la celeridad, el debido proceso, la confidencialidad y la protección integral de la víctima.
Soluciones alternativas y mínima intervención
El protocolo prioriza aquellas soluciones que impliquen una menor intervención del sistema penal y que resulten adecuadas para favorecer la responsabilización del adolescente, su educación, resocialización e integración social. En ese marco, los fiscales deberán evaluar desde las primeras etapas la procedencia de criterios de oportunidad, mediación penal juvenil y suspensión del proceso a prueba, siempre que se cumplan los presupuestos legales y se garanticen los derechos de la víctima.
Medidas cautelares y privación de libertad
El documento establece que la libertad del adolescente durante el proceso constituye la regla. Toda medida cautelar restrictiva de derechos deberá ser excepcional, necesaria, idónea y proporcional a los riesgos procesales concretamente verificados. La privación cautelar de libertad será considerada como medida de último recurso y por el período más breve posible. Además, se prohíbe utilizar las medidas cautelares con finalidad sancionatoria, educativa, asistencial o tutelar.
Evaluación de la capacidad de culpabilidad
El protocolo también dispone que la circunstancia de que el adolescente haya alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal no determina por sí sola la existencia de una capacidad de culpabilidad equivalente a la de una persona adulta. Por eso, los fiscales deberán valorar especialmente las circunstancias que pudieran haber incidido en la capacidad de comprensión y autodeterminación del adolescente al momento del hecho, y promover evaluaciones interdisciplinarias cuando corresponda.
Política criminal y priorización
El documento establece criterios de política criminal y priorización de la intervención fiscal según la gravedad del delito y el rango etario del adolescente. Se organizan tres grupos: delitos con pena máxima de hasta tres años de prisión (Grupo A), delitos con pena máxima superior a tres y hasta diez años (Grupo B), y delitos con pena máxima superior a diez años (Grupo C). En los hechos más graves se priorizará la investigación y el esclarecimiento, sin perjuicio de la aplicación de las garantías y principios propios del régimen penal juvenil.
Disponibilidad del documento
La Resolución Nº 45-MPF-2026 y el protocolo completo están disponibles en el sitio web del Ministerio Público Fiscal de San Luis. https://www.periodicojudicial.gov.ar/?p=489779
Fuente – Poder Judicial
