El conflicto diplomático y económico por las Islas Malvinas sumó un nuevo episodio de tensión tras la publicación de un documento oficial por parte de la Cancillería británica. En la guía titulada “Hacer negocios con las Islas Malvinas” (Doing business with the Falkland Islands), el gobierno del Reino Unido aseguró a las compañías con actividad comercial en el archipiélago que la legislación argentina “no se aplica” en el territorio y prometió respaldo político ante eventuales sanciones impulsadas desde Buenos Aires.

El pronunciamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores británico (FCDO) surge como respuesta directa a los recientes anuncios del Poder Ejecutivo argentino sobre posibles sanciones legales a firmas dedicadas a la pesca y la explotación de hidrocarburos, entre las que destaca el proyecto de petróleo offshore Sea Lion, previsto para 2028. En la publicación, Londres ratificó el aval a la explotación de recursos naturales en la zona bajo el argumento del derecho a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago y los preceptos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, postura que desoye la Resolución 2065 de la ONU que instó a ambas naciones a negociar la soberanía.

Pese a que la fiscalía y la Cancillería argentina iniciaron acciones judiciales e imputaciones contra directivos de compañías petroleras en el marco de la Ley 26.659 (que prohíbe operar en la plataforma continental sin autorización oficial), desde el gobierno británico señalaron que las normativas locales carecen de alcance fuera del territorio nacional. La disputa se da a la espera de que el Congreso reciba el proyecto anunciado por la Casa Rosada para actualizar el marco normativo de defensa de la soberanía en el Atlántico Sur.

Fuente – Página 12