En una nueva escalada de tensiones en América Latina, el gobierno de Estados Unidos ha desplegado tres destructores con misiles guiados, un submarino de ataque y al menos 4.000 marines en aguas cercanas a la costa de Venezuela. La operación, autorizada por el presidente Donald Trump, busca ejercer presión sobre redes de narcotráfico que Washington considera una amenaza directa a su seguridad nacional.

Las embarcaciones —los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, todos equipados con el sistema de combate Aegis— ya se encuentran en movimiento en el mar Caribe, acompañadas por aviones de patrullaje P‑8 Poseidon y efectivos de la Marina y el Comando Sur.

La Casa Blanca enmarcó este despliegue dentro de una ofensiva militar contra grupos narcoterroristas, entre ellos el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, a los que ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. La misión no tiene una fecha de finalización confirmada y podría extenderse por varios meses.

“Estas operaciones tienen como fin desmantelar estructuras criminales que amenazan la estabilidad del hemisferio y la seguridad de Estados Unidos”, señaló un portavoz del Pentágono.

Respuesta de Venezuela

La reacción del gobierno de Nicolás Maduro no se hizo esperar. En un mensaje televisado, el mandatario venezolano calificó la operación como una “provocación imperialista” y anunció la activación de un plan especial de seguridad nacional, que incluye la movilización de más de 4,5 millones de milicianos a lo largo del país.

“Estamos ante un intento de agresión que busca intimidar y amenazar nuestra soberanía”, expresó Maduro, al tiempo que pidió respaldo a países aliados.

Repercusiones internacionales

Este despliegue naval es considerado por analistas como el más importante en el Caribe desde la invasión a Panamá en 1989. También se produce en el contexto de un recrudecimiento de las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen venezolano, y de un aumento en la recompensa ofrecida por EE.UU. para capturar a Maduro, ahora elevada a 50 millones de dólares.

Mientras tanto, gobiernos de la región observan con atención la situación, en un clima de creciente preocupación por la estabilidad del área.