En un fallo clave para los intereses energéticos del país, la Cámara de Apelaciones de Nueva York autorizó al Estado argentino a continuar con el proceso de apelación en el caso por la expropiación de YPF, sin la necesidad de entregar como garantía el 51 % de las acciones de la petrolera, actualmente bajo control estatal.

La decisión judicial representa un alivio para el Gobierno nacional, ya que suspende la orden anterior que exigía el traspaso provisorio de las acciones al fondo demandante Burford Capital, mientras se resolvía la apelación.

El conflicto legal se remonta a la nacionalización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La demanda fue iniciada por accionistas que reclamaron compensaciones millonarias, argumentando que la Argentina no respetó las condiciones contractuales en la recompra de los títulos.

Desde la administración del presidente Javier Milei celebraron la resolución como “un paso importante en la defensa de los intereses soberanos del país”, y destacaron que se continuará “peleando en todas las instancias judiciales para preservar el control sobre una empresa estratégica”.

El fallo no resuelve el litigio de fondo, pero permite a la Argentina ganar tiempo político y financiero mientras sigue la disputa legal en tribunales estadounidenses.