A más de nueve años del femicidio de Carla Pereira, ocurrido en junio de 2017 en La Toma, la Justicia de San Luis autorizó salidas transitorias para Nahir Nazareno Pérez, condenado por el crimen. La decisión generó indignación en la familia de la víctima, que cuestionó los fundamentos de la medida y presentó un recurso de apelación para intentar revertirla.
El abogado Maximiliano Del Signore, representante legal de la familia, se refirió a la situación durante una entrevista con el programa Arriba la Radio, de FM La Bomba, donde cuestionó especialmente que el Ministerio Público Fiscal no se opusiera al beneficio durante la audiencia judicial.
Según explicó el letrado, la resolución establece una salida transitoria mensual de cuatro horas, más el tiempo de traslado, hacia un domicilio de Villa Mercedes. El régimen contempla custodia del Servicio Penitenciario Provincial y restricciones de acercamiento y comunicación destinadas a proteger a los familiares de Carla.
Los fundamentos legales de la decisión
Durante la entrevista, Del Signore explicó que la posibilidad de acceder a este beneficio está vinculada con la legislación vigente al momento del hecho. Según indicó, la ley que restringió este tipo de beneficios para determinados delitos fue promulgada en agosto de 2017, mientras que el femicidio ocurrió en junio de ese año.
Por ese motivo, sostuvo que Pérez puede ser evaluado bajo el régimen legal anterior. El abogado también señaló que las salidas transitorias no se conceden automáticamente, sino que requieren una solicitud y la evaluación de distintos requisitos, entre ellos los informes de una junta interdisciplinaria.
En ese sentido, cuestionó que los informes elaborados en 2025 y 2026 no hayan impedido el otorgamiento del beneficio. Según su interpretación, las evaluaciones anteriores advertían sobre determinados aspectos psicológicos que, a su criterio, debían ser considerados antes de autorizar las salidas.
Pérez fue condenado inicialmente a 20 años de prisión y, tras recursos presentados por su defensa, la pena quedó fijada en 17 años, de acuerdo con lo expresado por Del Signore.
Cuestionamientos a la Fiscalía y preocupación de la familia
Otro de los puntos cuestionados por el representante legal fue la postura del Ministerio Público Fiscal, que no se opuso al pedido de la defensa durante la audiencia. En cambio, destacó que la representante del Ministerio Público de Menores acompañó el planteo de rechazo, en función de la protección del hijo de Carla, que quedó huérfano tras el crimen.
“En ese intento anterior nos negamos, metimos una revocatoria y la ganamos. Pero esta vez es como que se pusieron todos de acuerdo; imaginate que la Fiscalía no se opuso”, manifestó el abogado.
Del Signore también expresó su preocupación por la situación que atraviesan los familiares de la víctima y aseguró que continúan sufriendo amenazas y episodios de hostigamiento en La Toma.
Además, cuestionó los costos que implicaría el traslado del condenado desde el establecimiento penitenciario hasta Villa Mercedes, con la correspondiente custodia, viáticos y horas adicionales del personal.
La familia busca revertir la medida
El abogado confirmó que la representación de la familia presentó un recurso de apelación contra la resolución. Ahora, según explicó, deberá evaluarse la admisibilidad del planteo y la eventual intervención del Tribunal de Impugnaciones.
La instancia podría permitir que los familiares de Carla expongan su posición ante ese tribunal, en el marco de los derechos que les corresponden como víctimas indirectas durante la ejecución de la condena.
Mientras avanza el trámite judicial, la decisión volvió a generar preocupación e indignación entre los allegados de Carla Pereira, que buscan que se revise el beneficio concedido al condenado por el femicidio.
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