En una histórica votación, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó este martes el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido aprobada con amplio consenso en julio y que ahora deberá ser reconsiderada por el Senado para su sanción definitiva.
Con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones, la Cámara baja logró superar los dos tercios necesarios para anular el veto del presidente Javier Milei, quien había objetado la iniciativa alegando su “inviabilidad fiscal” y la falta de previsión presupuestaria para su implementación.
La ley vetada establecía, entre otros puntos:
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La declaración de emergencia nacional en materia de discapacidad por un año.
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La actualización automática de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según el índice de inflación.
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La creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
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Fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Fuerte respaldo social y judicial
La decisión de Diputados llega tras semanas de movilizaciones sociales en todo el país y un fallo judicial de gran impacto: el juez federal Adrián González Charvay, de Campana, había declarado inconstitucional el veto presidencial, ordenando que la ley continúe vigente y que se garanticen sus prestaciones a las personas beneficiarias.
Organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de familias y representantes del sector de la discapacidad celebraron la votación como “un acto de justicia y reparación”. En paralelo, denunciaron las consecuencias del veto en la vida cotidiana de miles de personas, incluyendo demoras en pagos a prestadores y suspensión de tratamientos.
Qué sigue ahora
El rechazo del veto por parte de Diputados no significa la vigencia automática de la ley: el trámite parlamentario ahora pasa al Senado, que deberá también reunir los dos tercios para insistir con la aprobación original. Si lo logra, el veto presidencial quedará definitivamente anulado y la ley será promulgada por el Congreso.
