El Senado de San Luis convirtió en ley el Programa de Desendeudamiento Familiar, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi que busca ofrecer alternativas de refinanciación a las familias con deudas en mora y facilitar la recuperación de su capacidad económica.
En diálogo con Arriba la Radio, el senador provincial por el departamento Pedernera, Adolfo Castro Luna, explicó que la propuesta apunta a hogares que acumularon distintas obligaciones financieras, como préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y deudas contraídas mediante plataformas digitales habilitadas.
Según señaló el legislador, el objetivo es que las personas que registran deudas con más de 90 días de atraso puedan reunir compromisos de distintas entidades y acceder a condiciones de pago más convenientes. La iniciativa también contempla incentivos impositivos para las entidades financieras que otorguen estas refinanciaciones.
¿Cuáles serán las condiciones?
Entre los principales puntos mencionados por Castro Luna se encuentran los siguientes:
- Plazo de refinanciación: un mínimo de 24 meses.
- Período de gracia: al menos dos meses antes de comenzar a pagar las cuotas.
- Límite de las cuotas: no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor.
- Intereses: el proyecto establece una tasa vinculada a la TAMAR, más 10 puntos porcentuales.
- Gastos y comisiones: las condiciones previstas contemplan que no se cobren cargos administrativos por la refinanciación.
El senador aclaró que la propuesta está orientada a deudas registradas en el sistema financiero formal, con entidades autorizadas por el Banco Central. Por eso, los compromisos con prestamistas informales no quedarían comprendidos en el esquema explicado durante la entrevista.
En cuanto a las deudas impositivas provinciales, como las relacionadas con Ingresos Brutos o patentes, Castro Luna indicó que Rentas cuenta con sus propios mecanismos de financiación.
¿Qué pasa si un banco no ofrece la refinanciación?
Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue la participación de los bancos y las entidades financieras. De acuerdo con lo explicado por el legislador, si una entidad no ofrece esta alternativa, la persona podría recurrir a otra que participe del esquema para evaluar la posibilidad de consolidar sus obligaciones, incluso si parte de la deuda original corresponde a otro banco.
La ley también incorpora medidas de educación financiera para prevenir que las familias vuelvan a caer en situaciones de sobreendeudamiento.
Cuándo comenzará a implementarse
Tras la sanción definitiva del Senado, el Gobierno provincial deberá promulgar y reglamentar la ley. Esa instancia permitirá precisar los procedimientos de adhesión, las condiciones operativas y los mecanismos para acceder a los beneficios.
Además, la iniciativa contempla incentivos fiscales para las entidades financieras que participen, con el objetivo de favorecer la implementación de las refinanciaciones.
La medida busca dar una alternativa a las familias que tienen dificultades para afrontar sus compromisos económicos. Sin embargo, el alcance concreto dependerá de la reglamentación y de las condiciones que se establezcan para acceder al programa.
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