Este martes, se desarrolló una audiencia en donde una pareja fue imputada por los delitos de usurpación, privación ilegítima de la libertad calificada por violencia y amenazas y portación de arma de fuego de uso civil.

Gustavo Guevara y Yanina Soria fueron imputados por un hecho ocurrido el pasado 30 de agosto en un establecimiento rural de Nueva Escocia.

En la audiencia, que se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 3, se trataron la formulación de cargos, la medida cautelar y la restitución de inmueble.

La Fiscalía relató que el hecho ocurrió el pasado 30 de agosto en un campo ubicado a 30km de Villa Mercedes, en Nueva Escocia. En ese momento, se encontraba el puestero durmiendo cuando ingresaron un grupo de personas, irrumpieron con un arma de fuego, lo apuntaron y lo amenazaron. Luego, le colocaron una boina en el rostro, lo hicieron subir a un auto y lo llevaron hasta la terminal y le dijeron que se subiera a un colectivo hasta San Luis, desde allí el puestero pudo comunicarse con el propietario del campo.

Luego de varias llamadas recibidas al 911 –provenientes del establecimiento rural-, se constató en el lugar personal policial y se encontraron con Guevara –uno de los imputados- quien estaba acompañado de dos personas más y había un auto Peugeot de color gris.

El Fiscal explicó que se pudo determinar que el  mismo auto que estaba en el campo fue el utilizado para llevar al puestero a la terminal según el recorrido registrado por las cámaras de seguridad de la ciudad.

Por otro lado, mencionó que el imputado se hizo presente en la comisaría con el vehículo, el cual quedó secuestrado y en donde se encontró un arma de fuego. La Fiscalía dijo que es probable que el arma, que estaba cargada y de funcionamiento normal, fuera la empleada en el hecho.

Asimismo, se hizo mención a la participación de otras personas, de las cuales una estaría identificada.

El Fiscal dijo que es la segunda vez –de este año- que se intenta interrumpir de manera violenta la posesión del establecimiento rural, adquirido por el poseedor por una cesión de derechos.

Les formuló cargos por usurpación –por despojar de manera violenta al retirar al puestero de su lugar y ejercer ilegítimamente la posesión-. Por privación ilegitima de la libertad calificada por violencia y amenazas –por trasladar al denunciante desde el campo a la terminal- y por portación de arma.

La Defensa dijo que los elementos dados no corresponden a la formulación de cargos pretendida por el Ministerio Público Fiscal y que no hay indicios que puedan atribuir tales delitos, solicitó el sobreseimiento y medidas para corroborar la posesión del campo y la existencia de animales. Ambos imputados declararon y respondieron preguntas de las partes.

Luego de que la magistrada tuviera por admitido los cargos, se analizó sobre la imposición de medidas a los fines de cautelar el proceso.

El Ministerio Público Fiscal solicitó se aplique la medida de coerción más gravosa por el término de cuatro meses.

El Fiscal argumentó su pedido en los peligros procesales, pronóstico punitivo hipotético, antecedes de condena de ambas personas, la existencia de otras personas que participaron del hecho, y el entorpecimiento de la investigación.

La Defensa manifestó que no hay presentes riesgos procesales ni elementos subjetivos ni objetivos que den a entender que el proceso se va a obstaculizar.

Solicitó una morigeración de la medida – prisión domiciliaria- en relación a la imputada por su situación familiar, tiene dos hijos pequeños y una mamá enferma.

En relación a este último pedido la fiscalía no estuvo de acuerdo porque no están acreditados los extremos invocados.

Luego de la exposición de las partes, la magistrada manifestó tener el grado de convicción de que el hecho existió, de que el delito se cometió y de que los imputados fueron los participes. Consideró que si existen riesgos procesales y un descreimiento de las normas por parte de los imputados, en relación a sus antecedentes.

Agregó que están dados todos los requisitos, la existencia de otros participantes y ordenó la prisión preventiva por el término de cuatro meses.

En comunicación con Daniel Arce para el programa Arriba la Radio, Adrián Domínguez, el abogado de Silvio Lorenzetti, dueño del establecimiento rural, señaló que no se trataría de un hecho aislado, sino de algo más.

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