La Municipalidad de San Luis dictó una resolución firme contra el Grupo Windnet S.R.L., luego de confirmar que la empresa realizó tendidos aéreos de cableado sin permisos municipales y de forma reiterada. El fallo impone una multa de siete millones de pesos y dispone que Carlos Quispe Vargas, dueño del vehículo utilizado en parte de las maniobras, no podrá realizar actividades que requieran habilitación municipal durante un año dentro de la ciudad.

Reincidencia y actuaciones en la vía pública

Los inspectores municipales registraron tres infracciones en dos operativos realizados durante el año. El primero ocurrió el 21 de mayo, cuando un vehículo de la empresa efectuaba un tendido de cables en calle 25 de Mayo al 200 sin autorización. Los trabajadores se identificaron pero no presentaron permisos, y la empresa nunca respondió al acta ni presentó descargo.

El 18 de septiembre se detectó una situación similar en el barrio 164 Viviendas. En esa ocasión se secuestraron herramientas, escaleras, cables y un carro de trabajo. Los operarios se identificaron como empleados de Windnet y exhibieron documentación de la firma. El vehículo involucrado pertenecía a Quispe Vargas, quien más tarde negó relación laboral con los trabajadores y pidió anular el procedimiento.

Investigación, documentos y contradicciones

El Juzgado de Faltas desestimó el descargo del propietario del vehículo. Un informe oficial de ARCA (ex AFIP) comprobó que uno de los operarios, Ricardo Vedia, figuraba como empleado registrado de Quispe Vargas, contradiciendo su declaración.

A su vez, el inspector a cargo, Ricardo López, declaró que los trabajadores intentaron continuar con la instalación aun después de ser intimados a presentar permisos, lo que evidenció desobediencia a la autoridad.

La defensa de Windnet también pidió la nulidad de una de las actas por un error formal en la razón social consignada. El juez Alejandro Ferrari rechazó ese planteo, aclarando que se trató de un error material sin incidencia en el fondo de la causa.

Fundamentos del fallo

El Juzgado consideró acreditadas las tres infracciones y determinó que Quispe Vargas es responsable de las detectadas en septiembre. Ferrari remarcó que las actas de inspección tienen presunción de legitimidad y que la empresa nunca aportó pruebas de contar con permisos municipales para operar.

El fallo también advirtió sobre los riesgos que generan estas instalaciones clandestinas para la seguridad pública y para la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones existente, además del incumplimiento a los artículos 10 y 31 del Código de Faltas Municipal.

Plazos y advertencias

La multa deberá pagarse en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación, con vencimiento el miércoles 19 de noviembre. Si no se cumple, el cobro pasará a la vía de apremio.

Finalmente, se intimó a la empresa a gestionar todas las autorizaciones necesarias para cualquier obra futura dentro del ejido urbano, con la advertencia de que nuevas infracciones implicarán sanciones más severas.