Rolando Alejo Olguín permanecerá 120 días bajo arresto domiciliario, acusado de obligar presuntamente a su expareja a ingerir medicación que provocó la pérdida de un embarazo de casi ocho semanas. La Fiscalía había pedido su ingreso al Servicio Penitenciario, pero el juez consideró que los riesgos podían controlarse sin llegar a esa medida.

Un caso que conmociona a San Luis. Rolando Alejo Olguín permanecerá 120 días bajo prisión domiciliaria, imputado por haber obligado presuntamente a su expareja a ingerir medicación que provocó la interrupción de un embarazo de casi ocho semanas.

La medida fue dispuesta este lunes por el juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, quien además tuvo por formulados los cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con aborto sin consentimiento.

Los hechos que se investigan

La investigación se centra en dos hechos ocurridos el 17 de agosto. Según la Fiscalía, la mujer cursaba un embarazo de casi ocho semanas y había expresado su decisión de continuarlo. Sin embargo, Olguín habría insistido para que lo interrumpiera y, durante la madrugada, la habría llevado por la fuerza hasta un baño, donde le habría colocado parte de la medicación debajo de la lengua. Horas después habría repetido la acción.

Posteriormente, la mujer comenzó a sentir un intenso dolor uterino y se produjo la pérdida del embarazo. Ese mismo día, cuando sufría pérdidas de sangre, habría sido agredida físicamente por Olguín en inmediaciones de la Comisaría Sexta.

Informes médicos incorporados a la investigación constataron lesiones en distintas partes del cuerpo y una ecografía realizada al día siguiente determinó un aborto incompleto. La causa también cuenta con registros de la atención médica recibida por la mujer, material biológico preservado y otras evidencias reunidas por la Fiscalía.

La versión del imputado

Durante la audiencia, Olguín decidió declarar y negó los hechos que le atribuye la Fiscalía. Sostuvo que no obligó a su expareja a ingerir la medicación y afirmó que ella no quería continuar con el embarazo.

También dio una versión diferente sobre el episodio ocurrido en inmediaciones de la Comisaría Sexta. Negó haber agredido a la mujer y aseguró que durante la relación había sido él quien sufrió situaciones de violencia.

Sus abogados cuestionaron principalmente la acusación por aborto sin consentimiento. Plantearon que, a su entender, las evidencias reunidas hasta el momento no alcanzan para sostener que Olguín haya obligado a la mujer a ingerir la medicación. También hicieron referencia a la atención que ella había recibido previamente en un centro de salud y a la documentación vinculada con la entrega del medicamento, donde, según señalaron, consta que la mujer recibió información sobre el procedimiento y prestó su consentimiento para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

La defensa pidió que Olguín recuperara la libertad y sostuvo que cuenta con domicilio, trabajo y contención familiar. Como alternativa, solicitó que permaneciera bajo prisión domiciliaria y manifestó su disposición a cumplir con los controles que se establecieran.

La decisión del juez

Al analizar las posiciones de ambas partes, el juez consideró que la Fiscalía presentó información suficiente para que la investigación continúe bajo los delitos propuestos.

Montiveros Chada explicó que todavía se trata de una etapa inicial y que tanto la Fiscalía como la defensa podrán incorporar nuevas evidencias para respaldar sus respectivas versiones de lo ocurrido. Entre los aspectos que deberán profundizarse mencionó la información proveniente del centro de salud, entrevistas con profesionales médicos y otros elementos vinculados con los hechos investigados.

El juez también se refirió a los cuestionamientos realizados por la defensa sobre el relato de la mujer. En ese sentido, señaló que no corresponde descartar su versión desde el comienzo de la investigación y sostuvo que deben contemplarse las posibles situaciones de vulnerabilidad presentes en el caso.

Prisión domiciliaria y prohibición de acercamiento

La Fiscalía había pedido que Olguín permaneciera 120 días en el Servicio Penitenciario al considerar que existían riesgos de fuga y de que pudiera interferir en la investigación, además del riesgo señalado para la mujer.

El juez entendió que era necesario mantener una medida que permitiera resguardar la investigación, pero consideró que esos riesgos podían ser controlados sin disponer su alojamiento en el Servicio Penitenciario. Por ese motivo, ordenó que Olguín permanezca durante 120 días bajo prisión domiciliaria en la vivienda propuesta por su defensa, bajo los controles del organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la medida.

El juez le explicó que no podrá abandonar la vivienda y le advirtió sobre las consecuencias de incumplir la medida.

También continúa vigente la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante, dispuesta por seis meses y a una distancia mínima de 300 metros. Olguín tampoco podrá comunicarse con ella por teléfono, redes sociales ni ningún otro medio.

La Fiscalía de Género Nº 2 estuvo representada por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García. Olguín fue asistido por los abogados Alfredo García Garro y Diego Domínguez.

Fuente – Periódico Judicial San Luis