Este lunes se realizó un juicio abreviado ante un Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, integrado por el presidente José Luis Flores y los vocales Fernando De Viana y Adriana Lucero Alfonso. El imputado, que se desempeñaba como profesor de artes marciales, llegó acusado por el delito de abuso sexual simple agravado por la condición de educador en perjuicio de tres víctimas.
Por la naturaleza del delito y para resguardar la intimidad de las víctimas, no se difunden datos personales del imputado ni de las personas damnificadas
La Fiscal de Juicio N° 1, Virginia Palacios, presentó un acuerdo alcanzado con la defensa, ejercida por los abogados María de los Ángeles De Pascuale y Alfredo Garro. La propuesta contó con la conformidad del Defensor Adjunto de Niñez y Adolescencia, Nahuel Lede Zajic, de las víctimas -quienes estuvieron presentes en la audiencia- y de sus representantes legales, los abogados Bernardo Estrada y Pablo Piriz Dutra.
En el acuerdo, la Fiscalía solicitó una pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia vinculada a las actividades que realizaba: artes marciales y preparación física.
El imputado, que desde el año pasado cumple prisión domiciliaria, declaró ante el tribunal, reconoció los hechos y aceptó la calificación legal y la pena propuesta.
El Tribunal deberá evaluar si homologa el acuerdo y dicta sentencia conforme a lo pactado. Para ello, cuenta con un plazo de diez días hábiles.
LOS HECHOS INVESTIGADOS
Al imputado se le atribuye haber tenido comportamientos de carácter sexual con tres alumnas, consistentes en tocamientos y manifestaciones verbales de connotación sexual. Dos de las víctimas eran menores de edad al momento de los hechos. Las denuncias fueron radicadas en 2023.
El juicio abreviado es un procedimiento que permite resolver causas penales de manera más ágil. Para su aplicación, la persona imputada debe reconocer su responsabilidad penal, y tanto la fiscalía como la defensa deben acordar una pena. El tribunal tiene la función de evaluar si el acuerdo reúne los requisitos legales y, en caso afirmativo, dictar la sentencia sin necesidad de realizar un juicio oral completo.
