El proyecto para actualizar la “Carta Magna” de San Luis ya está en el Senado. Se busca modernizar el libro de reglas de la provincia, que tiene 40 años de antigüedad. En diálogo con nuestro móvil Hernán Pacheco, Olivero detalló cambios que impactarán en la justicia, la política y el bolsillo del ciudadano.
A veces los términos políticos parecen lejanos, pero la Constitución Provincial es el reglamento que rige la vida de todos los puntanos. En una entrevista exclusiva para Radio La Bomba, el senador Martín Olivero explicó por qué es noticia que se inicie este debate y cuáles son los cambios más importantes que se proponen:
1. Jueces elegidos por capacidad, no por política
Uno de los cambios más profundos afecta a la Justicia. Actualmente, el gobernador tiene mucha libertad para elegir jueces entre los candidatos propuestos. La reforma busca que se respete estrictamente el orden de mérito del Consejo de la Magistratura. “Hoy el gobernador elije al que quiere; con la reforma, el juez ya no lo elegirá el gobernador, sino que se premiará la capacidad técnica”, explicó Olivero. Para el vecino, esto significa una justicia más independiente del poder político.
2. Fin de las reelecciones eternas
La propuesta busca garantizar la alternancia en el poder. Se plantea que el gobernador pueda ser elegido una vez, tener una sola reelección y nunca más. El objetivo es evitar que el poder se concentre en las mismas personas durante décadas, siguiendo modelos como el de Mendoza o Estados Unidos.
3. Menos vacaciones para los legisladores
Un reclamo social histórico es que los representantes trabajen más tiempo en el recinto. La reforma propone acortar el receso legislativo. “No podemos estar de receso cuatro meses; la realidad hoy es otra y las sesiones deben comenzar antes”, señaló el senador a Hernán Pacheco.
4. Sin gastos extras para el ciudadano
Olivero aclaró que, para cuidar el presupuesto provincial, la elección de los convencionales constituyentes (las personas que redactarán los cambios) no se hará en una fecha aparte. Se aprovecharán las elecciones generales de 2027 para que no represente un gasto extra para el Estado.
