El secretario general de UPCN San Luis, Claudio Suárez, analizó las recientes medidas anunciadas para los trabajadores de la administración pública provincial y consideró que el bono extraordinario de $100.000 representa un alivio para los empleados, aunque remarcó que no alcanza para resolver la situación salarial que atraviesa el sector.
Según explicó el dirigente gremial, un trabajador de categoría E pasaría a percibir un salario cercano a los $1.200.000, una cifra que, de acuerdo con su análisis, continúa por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, sostuvo que el principal desafío sigue siendo la recuperación del poder adquisitivo.
“Una suma de $100.000 sin descuentos significaría un alivio, pero no es la solución de nada”, señaló Suárez, quien además advirtió que el endeudamiento continúa siendo una de las principales dificultades para los trabajadores estatales.
Diciembre con más ingresos, pero con preocupación por enero
Suárez también se refirió al impacto que podrían tener los distintos ingresos extraordinarios previstos para los próximos meses. En ese sentido, mencionó el pago de los salarios, el bono, el aguinaldo y posteriormente el sueldo de diciembre.
El dirigente consideró que esta concentración de ingresos podría generar un mayor movimiento del consumo durante diciembre, aunque advirtió que muchos trabajadores deberán afrontar un enero complejo y utilizar parte de esos recursos para cubrir deudas y gastos pendientes.
“Pagar las deudas significa poder volver a endeudarse para seguir comiendo”, expresó Suárez, al describir la situación económica que atraviesan numerosos empleados públicos.
Desde su perspectiva, el consumo de los trabajadores estatales también tiene un impacto directo en la economía provincial, ya que gran parte de esos ingresos se destinan a comercios y servicios de San Luis.
Desendeudamiento y eliminación de la categoría F
Entre las medidas anunciadas, el titular de UPCN destacó las herramientas de desendeudamiento y consideró que pueden representar un “respiro” para los trabajadores que actualmente tienen una fuerte carga financiera.
También valoró la eliminación de la categoría F, que pasará a integrarse como categoría E dentro del esquema de la administración pública provincial.
Suárez consideró que la medida constituye un reconocimiento para trabajadores que en muchos casos ingresaron a través del Plan de Inclusión Social y que posteriormente fueron incorporados a la administración pública. Además, señaló que el cambio tiene un impacto económico y abre la discusión sobre la necesidad de recuperar la carrera administrativa.
Reclamo por recategorizaciones y Convenio Colectivo de Trabajo
Otro de los principales planteos de UPCN está relacionado con la necesidad de avanzar en un Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados públicos provinciales.
Suárez explicó que este instrumento permitiría establecer reglas claras respecto de la estabilidad laboral, la carrera administrativa, las recategorizaciones y los derechos y obligaciones de los trabajadores.
En ese sentido, cuestionó que las recategorizaciones puedan quedar sujetas a decisiones personales o coyunturales y sostuvo que deben existir criterios establecidos por ley.
“Tenemos que generar reglas claras. Las reglas claras son los derechos y obligaciones que tienen los empleados y eso tiene que tener un carácter de ley”, afirmó.
Desde UPCN señalaron que continuarán reclamando mejoras salariales, recategorizaciones y el fortalecimiento de la planta permanente, al considerar que la estabilidad laboral también resulta fundamental frente al contexto económico y social actual.
Para Suárez, las medidas anunciadas constituyen una ayuda para los trabajadores, pero el objetivo de fondo debe ser recuperar el poder adquisitivo de los salarios estatales.{
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