Con la promulgación de la ley, quedó habilitado el proceso para discutir una reforma parcial de la Constitución provincial. El límite a las reelecciones, el balotaje, los cambios en la Legislatura, la Justicia, el agua y los derechos frente a la inteligencia artificial estarán entre los principales temas. La definición quedará en manos de una Convención Constituyente que será elegida en 2027.

La reforma de la Constitución de San Luis ya tiene el primer paso cumplido. El gobernador Claudio Poggi promulgó la ley que declara la necesidad de una reforma parcial de la Carta Magna provincial, luego de que la iniciativa obtuviera la sanción definitiva de la Legislatura.

La firma del decreto se realizó el viernes en la réplica del Cabildo de La Punta, pero el verdadero desafío comienza ahora: llevar los cambios propuestos al debate de una Convención Constituyente, que tendrá la última palabra sobre los puntos que finalmente serán incorporados a la Constitución.

La iniciativa plantea modificar 23 artículos, incorporar otros 23 y crear cuatro nuevos capítulos. Para discutirlos se elegirán 52 convencionales constituyentes en las elecciones provinciales de 2027.

El cambio que puede tener mayor impacto político

Uno de los puntos que promete generar mayor debate es el límite a la permanencia en la Gobernación.

La propuesta establece que una misma persona pueda ejercer el cargo durante dos períodos como máximo, sean consecutivos o alternados, y que después quede impedida de volver a ocupar la Gobernación.

En el caso de Poggi, el período 2023-2027 será contabilizado como su primer mandato, por lo que, si la reforma queda aprobada en esos términos, solamente podría aspirar a una gestión más.

A esto se suma la posibilidad de incorporar el balotaje para gobernador y vicegobernador, una herramienta que modificaría el actual esquema de elección del Ejecutivo provincial.

Una Legislatura con otro calendario

La reforma también propone cambiar la manera en que se eligen y funcionan las cámaras legislativas.

Las sesiones ordinarias se extenderían del 15 de marzo al 31 de diciembre, mientras que Diputados y Senadores pasarían a renovarse completamente cada cuatro años, en coincidencia con la elección de gobernador.

El cambio no sería inmediato. La iniciativa contempla una cláusula transitoria para extender hasta 2031 los mandatos de los legisladores elegidos en 2025, que bajo el esquema actual deberían finalizar en 2029.

El mismo mecanismo de renovación total cada cuatro años alcanzaría a los Concejos Deliberantes.

El objetivo planteado es terminar con las elecciones legislativas de medio término, reducir el costo de los comicios y evitar que las gestiones provinciales estén atravesadas permanentemente por campañas electorales.

Justicia: cambios en la selección y un límite de edad

Otro de los capítulos de mayor peso institucional está relacionado con la Justicia.

La propuesta busca darle autonomía a la Procuración General y la Defensoría General, separando institucionalmente al Ministerio Público del Poder Judicial.

También se modificaría el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que tendría participación de representantes de la academia y del Senado y debería elaborar órdenes de mérito a partir de concursos de antecedentes.

Además, se propone establecer un límite de 75 años para integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. La medida no afectaría a quienes ya estén en funciones: se aplicaría a quienes sean designados después de la entrada en vigencia de la eventual reforma.

El agua busca rango constitucional

El agua es otro de los temas centrales.

La iniciativa propone reconocerla expresamente como derecho humano y recurso estratégico de la provincia. Su administración quedaría a cargo de un funcionario técnico con idoneidad acreditada, designado por el Ejecutivo con acuerdo del Senado y con un mandato de cinco años.

La idea es que la política hídrica tenga continuidad más allá de los períodos de gobierno y pueda sostener una planificación de largo plazo frente a los cambios en los regímenes de lluvias, las sequías y el crecimiento de las necesidades productivas y poblacionales.

Constitución para la era de la inteligencia artificial

La propuesta también apunta a actualizar una Constitución que rige desde 1987 y que, naturalmente, no contemplaba fenómenos como la inteligencia artificial, los algoritmos o la identidad digital.

Entre los nuevos derechos que podrían incorporarse aparecen la identidad digital, la protección de datos personales frente a algoritmos, el uso ético de las nuevas tecnologías, la protección de la dignidad humana y el acceso universal a la conectividad.

También se plantea incorporar el hábeas data, junto con principios de acceso a la información pública y gobierno abierto.

Capitales alternas y una nueva relación con la Nación

La reforma habilita además la creación de capitales alternas en distintas localidades de San Luis, que serían determinadas mediante una ley especial. Cuando el Ejecutivo y su gabinete se constituyan allí, esa localidad podrá ser considerada capital provincial durante ese período.

Otro de los capítulos está relacionado con la autonomía provincial y las relaciones con el Estado nacional. La propuesta incluye una cláusula federal y la posibilidad de establecer nuevas reglas para las relaciones intergubernamentales e internacionales, incluyendo convenios de inversión y cooperación.

También cambia el plazo para presentar el Presupuesto

Entre las modificaciones aparece un cambio que puede tener impacto directo en la administración provincial: el plazo constitucional para presentar el Presupuesto se extendería hasta el 30 de septiembre, en lugar del actual límite del 31 de agosto.

El debate que viene

Con la ley ya promulgada, la Constitución todavía no cambió. Lo que se puso en marcha es el mecanismo para que una Convención Constituyente discuta una serie de modificaciones previamente delimitadas.

La próxima elección provincial tendrá, por lo tanto, una particularidad: además de definir autoridades, los sanluiseños deberán elegir a los 52 convencionales que tendrán a su cargo debatir el futuro texto constitucional.

Será allí donde se definirá si los límites a las reelecciones, el eventual balotaje, los cambios en la Justicia y la Legislatura, la protección constitucional del agua y los nuevos derechos tecnológicos pasan de ser una propuesta a convertirse en parte de la Constitución de San Luis.

Fuente – ANSL